Categoría: Opinión Publicado el Miércoles, 30 Mayo 2012 11:30
La figura de juicio político tiene antecedentes remotos en el imperio romano, pero su modelo actual se forjó en 1641 cuando se dieron enfrentamientos intensos entre el parlamento de Inglaterra contra el primer ministro de la Corona, Thomas W. Stanford, a quien las Cámaras Alta y Baja terminaron destituyendo de su cargo en sesión de asamblea.
De ahí pasó el modelo al gobierno francés, luego al norteamericano para ser aceptado posteriormente por gobiernos de diferentes países como México, y por supuesto sus entidades federativas como Oaxaca.
En esencia es un equilibrio de gobierno entre los poderes que conforman el estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial con la finalidad de enmendar situaciones irregulares cometidas por gobernantes y funcionarios de esos niveles.
Para el caso de nuestro estado, la Ley vigente establece al respecto en su Título Segundo sobre el Juicio Político y la Declaración de Procedencia ante el Congreso del Estado, Capítulo Primero en sus Disposiciones Generales, en el Artículo Séptimo, entre otras definiciones: “Son sujetos de juicio político los Diputados del Congreso del Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, los Titulares de las Secretarías y el Procurador General de Justicia del Estado”.
Su Artículo Octavo incluye: “Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los Servidores Públicos a que se refiere el artículo anterior, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales del Estado o de su buen despacho”.
Los siguientes incisos pertenecen a este mismo Artículo Octavo: “VI.- Cualquier infracción a la Constitución Local o a las leyes estatales cuando causen perjuicios graves al Estado, a uno o varios municipios del mismo, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones.
VII.- Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y VIII.- Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas, presupuestos de la administración estatal o municipal y a las leyes que determinen el manejo de sus recursos económicos”. Esta columna quiere compartirle a usted, amigo lector, una serie de reflexiones respecto al comportamiento de dos funcionarios del gabinete actual para que a manera de análisis me ayude a determinar si son sujetos de Juicio Político o no, y me refiero, por separado claro, es decir, por actuaciones independientes, a los titulares de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández; y al de la Secretaría General de Gobierno, Jesús Emilio Martínez Álvarez. Hay ya un antecedente presentado por la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados local el pasado 6 de enero de 2012 en contra de Salomón Jara Cruz, pero ha sufrido ese conflicto un tinte de revanchismo político, quizá por eso no ha tenido grandes avances.
Sin embargo, la puntualización de los siguientes detalles podrían tomar un rumbo diferente para la destitución de los funcionarios motivo de esta columna, cuya consecuencia es la separación del cargo, y el probable fincamiento de responsabilidades penales. Enumero. 1.- Haber contratado despachos externos por parte de la Contralora para realizar auditorías en contra de paquetes de ex funcionarios de Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, una primera horneada anunciada de 32, es un acto de un servidor público que ha redundado en un perjuicio a los intereses públicos fundamentales del Estado y de su buen despacho (Art. 8), pues no sólo pagó cantidades a auditores externos, particulares, que la encargada de vigilar la transparencia de los recursos públicos no ha querido decir quienes son, y peor aún, no ha conseguido recuperar los dineros sustraídos al erario por la administración pasada ni castigar a ningún responsable.
2.- La misma funcionaria tiene actos de omisión graves, yo diría muy graves, al no relacionar los mil 200 millones de pesos detectados a la hermana y sobrino de Miguel Ángel Ortega Habib en Guadalajara, acción que mantiene presos a los familiares de MAOH, los cuales hasta un joven de secundaria entiende el hurto de ese dinero al erario de nuestro estado, menos Perla Woolrich (Art. 8 Incisos VII y VIII).
3.- Por su parte, el secretario General de Gobierno, Martínez Álvarez, al no presentar por voluntad propia el Examen de Control de Confianza ha puesto en riesgo, aunque él lo niegue, el correcto flujo de recursos financieros en materia de seguridad pública para el estado, según consta en el oficio SESNSP/043/2012 firmado por el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, José Oscar Vega Marín al decirle al gobernador Gabino Cué Monteagudo en el texto donde le informa que Jesús Martínez no ha presentado el examen mencionado, con la finalidad de que cuenta con “información fidedigna para solicitar la primera ministración del subsidio de apoyo a las entidades federativas”, examen que hasta la fecha no ha presentado el secretario (violación al Art. 8). 4.- Lo más grave de todos estos actos, los cuales ya de por sí afectan de manera muy severa al funcionamiento del gobierno, es el caso de Los Chimalapas, porque en ese asunto se están violentando todos los Artículos e Incisos mencionados en esta columna como causales de Juicio Político, porque hay daño al erario por mal manejo de recursos económicos al pagar a los abogados externos Pedro Nava Magalón y Eduardo Romero Tagle, la cantidad de 9 millones de pesos por haber llevado el litigio de recuperación de terriotorio estatal en forma por demás errónea (violación Art. 8). Violenta Martínez Álvarez la normatividad también al haber contratado de manera directa, por decisión unipersonal y sin llevar los registros legales en otras dependencias que exige una contratación de este rango de importancia y financiera, y arrastrara a la Contralora porque no le ha emitido ninguna observación ni sanción por actuar por encima de la ley en el manejo de los recursos del erario. Finalmente, al poner en riesgo los cientos de miles de hectáreas que pertenecen a Oaxaca y que podrían a pasar a formar parte del estado de Chiapas, los rangos para aplicarle un Juicio Político llegan a su tope y lo hacen vislumbrarse como el nuevo Antonio López de Santa Anna.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.